Después de cinco años, por fin se estrenan este 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso las 16 curules nuevas en la Cámara de Representantes, que serán ocupadas por víctimas del conflicto armado. Ayer, en sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Iván Duque, se definió que no tendrán que funcionar como bancada, lo que las vuelve atractivas en el juego legislativo que desde ya se está armando para definir coaliciones de gobierno u oposición.
El último acto del saliente Congreso estableció que las víctimas tendrán mayor participación en comisiones claves como la Primera, que se encarga de las reformas constitucionales, y en la Quinta que toca los temas agrario y de medio ambiente.
Pero dejó abierta la puerta para que no funcionen estrictamente como bancada. Un factor clave porque aunque la mayoría de las víctimas se identifica con el gobierno de Gustavo Petro, pueden terminar votando de manera independiente.
El Acto Legislativo que creó las curules de paz en 2017 como fruto del Acuerdo de Paz —y que luego fue engavetado por el Senado— no reglamentó cómo debían integrarse al Congreso y tampoco lo hizo la sentencia de la Corte Constitucional que las revivió el año pasado. Ese reglamento finalmente lo definió ayer la Cámara de Representantes.
El trámite arrancó en marzo con un mensaje de urgencia del Presidente y terminó ayer con un punto de discordia: cómo definir la repartición de esas 16 nuevas curules en las siete comisiones. Si de la manera tradicional o por asignación directa.
La ponencia mayoritaria que lideró el liberal Carlos Ardila apuntaba a que la repartición se hiciera como si las 16 curules representaran a la bancada de un partido político. Bajo esa lógica, debían distribuirse en las comisiones por la fórmula del cociente electoral que se aplica dividiendo el número de curules del partido por el total de sillas en el Congreso.
Para Ardila era una manera justa porque los representantes de víctimas podrían entrar en un proceso de concertación política con otros partidos para negociar en qué comisiones preferían llegar más de uno. Es decir, tener más curules en una comisión que en otras, algo que suelen hacer los partidos tradicionales en la repartición anual. Para unos es importante estar en las Tercera y Cuarta, que es donde se define el presupuesto, por ejemplo.
La ponencia minoritaria la encabezó la representante verde Juanita Gobertus, que tuvo un papel activo como cerebro jurídico del Acuerdo de Paz en La Habana. Ella se la jugó porque las 16 curules se repartieran de manera directa en las comisiones, sin necesidad de aplicar fórmulas ni acuerdos políticos. Porque así, dice Goebertus, se “permitirá integrar la visión de las víctimas del conflicto armado y de las personas que habitan los territorios más afectados por la violencia a los debates propios de cada Comisión”.
Propuso que se crearan tres curules más para las víctimas en las comisiones Primera y Quinta, porque ahí se tramitan las reformas constitucionales y se tocan los temas agrario y de medio ambiente, y dos más en las cinco comisiones restantes. Al final esta propuesta fue la que aprobó la Cámara con 101 votos a favor y 14 en contra.
La ponencia aprobada de Goebertus también dejó abierta la posibilidad de que las víctimas entren al Congreso sin declararse oficialmente como bancada. En el proyecto quedó acordado que esas curules solo debían actuar en conjunto para la repartición de los cupos en las comisiones.
Algo que los representantes de las curules de víctimas aún no calculan si es positivo o negativo porque, además, no tuvieron participación en esa discusión. “La designación directa nos evita tener que hacer acuerdos con otros partidos, quizá en la negociación nos podía ir mejor, pero no lo sabremos”, dice Diógenes Quintero representante de las víctimas por el Catatumbo y uno de los voceros de la bancada.
El representante César Lorduy, aunque acompañó la propuesta de Goebertus porque terminó en la minoría, dice que esas curules de víctimas corren el riesgo de terminar como apéndices de los partidos políticos. Algo que es contrario a lo que se planteó en el acuerdo de La Habana. Eso teniendo en cuenta que de las 16 víctimas al menos nueve tienen vínculos y nexos con políticos tradicionales.
“Repartidos quedaron perdidos. Se vuelven unos miembros más de otros partidos porque hay unos que tienen simpatía con Comunes, otros con el Centro Democrático, otros con el Verde, y unos más con el Pacto Histórico”, dice Lorduy.
En medio del debate, Lorduy planteó la posibilidad de que las curules nuevas pasaran a integrar una nueva comisión, que sería la Octava, con autonomía para definir proyectos propios. Pero no pasó.
Una propuesta que, en todo caso, las víctimas tenían contemplada. “Sí se tocó una vez la opción de tener una comisión propia. La que llamamos la Octava, lo alcanzamos a hablar con unos asesores para ver qué tan viable era o si era mejor entrar a las que ya están. Es una propuesta que en todo caso podríamos replantear cuando entremos al Congreso”, dice Jhon Fredy Valencia, representante de la circunscripción de Putumayo.
En medio del trámite, también se movió una proposición de Lorduy para limitar a cuatro el número de curules de cada circunscripción (departamentos o en este caso las de paz) en cada comisión. Una iniciativa que acompañó Gustavo Petro, y que, a la postre, terminó siendo la última de su periodo como senador antes de ser elegido presidente.
“Si la ley no nos obliga a ser una bancada, tampoco nos va a obligar a tener una posición frente al gobierno actual, pero sí podemos hacer pública nuestra postura como un hecho político”, nos dijo el representante Diógenes Quintero.
También aclaró que hay un acuerdo entre los 16 representantes para ser bancada y actuar como tal. Pero hasta el momento no han definido la postura que tendrán frente al gobierno de Gustavo Petro.
Petro se ha comprometido a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, lo que podría significar mayor inversión en los territorios en los que fueron elegidos los representantes. Y por ahora, más de la mitad de los representantes de las víctimas han manifestado públicamente su simpatía con Petro.
Pero como el resto no está obligado, puede entrar en el proceso de negociación legislativa para poner mesas directivas y conformar oposición.
Esta independencia les da el margen para establecer acuerdos con otros sectores políticos no necesariamente afines a Petro y abre un pulso que debe resolverse de acá al 20 de julio cuando se posesione el nuevo Congreso.
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