Presa de sus propias disputas internas, la oposición tropezó en la última sesión legislativa de 2021, y le regaló al oficialismo una suba de impuestos impensada.

Siempre es difícil, sucede cada año. El mes de diciembre en Argentina configura una complejidad en sí misma, que cada uno de los gobiernos de turno debe transitar, desentrañar y aprender a gestionar. A 20 años del desenlace de la crisis de 2001, y a un año del agitado debate legislativo por la interrupción voluntaria del embarazo, el presente 2021 no podía ser la excepción.

El gobierno acaba de soportar tal vez dos de las semanas más difíciles en materia política desde que asumió el poder en 2019. Y si bien la sensación inicial fue que el oficialismo había quedado contra las cuerdas de la gobernabilidad, la navidad de este año encuentra a la gestión Fernández con motivos suficientes para la sonrisa. Al menos para una mueca de satisfacción.

En solo cinco días, el gobierno pasó de la certeza de saberse sin presupuesto para 2022 y habiendo recibido la primera derrota legislativa importante en lo que va del mandato de Alberto Fernández, a comprender con la votación por Bienes Personales, que la relación de fuerzas en el Congreso de la Nación tal vez no le sea tan esquiva como parecía indicar el rechazo de la ley de leyes.

A ello se suma el espaldarazo que el FMI dio a la posición del oficialismo respecto al des manejo de la gestión Macri con el mega crédito que el organismo otorgara al país en 2018.

Los primeros coletazos reales del rechazo al presupuesto 2022, no provinieron precisamente de la Casa Rosada. De hecho, el Presidente Alberto Fernández decretó de inmediato la prórroga del presupuesto 2021. Quienes alzaron la voz para solicitar un nuevo proyecto de presupuesto 2022, fueron los gobernadores pertenecientes a la oposición: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Los mandatarios tomaron nota esta semana del impacto que tendrá en sus propias cuentas fiscales, el haber rechazado el presupuesto 2022. En efecto, los recursos coparticipables que recibirán las 24 jurisdicciones, serán muy inferiores con la prórroga del presupuesto 2021. La pérdida se cuenta por miles de millones de pesos. Y la llave para recuperar esos fondos se encuentra ahora en el escritorio de Alberto Fernández, quien deberá negociar con cada distrito la recomposición de los fondos caídos en base a las posibilidades que surjan del presupuesto prorrogado.

Dos cosas están claras. La primera es que el gobierno nacional tendrá un margen de discrecionalidad mucho mayor para las partidas de gasto durante el año próximo. La segunda, es la inocencia política de los gobernadores de la oposición. Los diputados de los cuatro distritos mencionados hubiesen sido más que suficientes para torcer la votación a favor de un regreso a comisión del presupuesto 2022, a fin de revisar las inconsistencias, volver a votar, y no dejar al país sin marco rector para los ingresos y los gastos fiscales.

Por el contrario, a los hombres fuertes de la oposición les pareció más atractivo el juego de la política adolescente, declamar la ofensa por el discurso extemporáneo de Máximo Kirchner, y echar por tierra el presupuesto. Todo ello, sin calcular que la jugada podía configurar una importante victoria legislativa, pero generaba “un tiro en los pies” a los fines de la gestión de sus propios territorios.

Algo similar ocurrió esta semana con la discusión sobre Bienes Personales. Envalentonados con la victoria en torno al presupuesto, la oposición se apresuró a convocar la sesión especial a fin de tratar la media sanción que ya había dado el Senado en octubre, para subir los mínimos no imponibles del impuesto.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio no tomaron nota hasta esta semana, del enorme impacto fiscal que sufrirán sus jurisdicciones a raíz del rechazo del presupuesto que impulsaron sus propios legisladores.

Guzmán había solicitado “cajonear” el tratamiento en Diputados, atento el impacto fiscal que suponía la elevación de los mínimos. La oposición vio entonces la oportunidad de privar al gobierno de una masa importantes de recursos, obligándolo al ajuste que hace tiempo reclama.

No obstante, el proyecto tratado en el Senado y aprobado por unanimidad, fue presentado por el senador oficialista Carlos Caserio, y hacía foco en la necesidad de evitar que cada vez más contribuyentes quedaran alcanzados por el tributo. Ciertamente, los mínimos no imponibles de Bienes Personales, no se modifican desde 2019. La media sanción propone subir los pisos de $2 millones a $6 millones en general y de $18 millones a $30 millones en el caso de la casa habitación.

Llegado el día de la votación, la inocencia política volvió a jugarle una mala pasada a los representantes de Juntos por el Cambio. El espacio había hecho bandera de la baja de impuestos durante la última campaña electoral, y con esa intención se aprestaba a sesionar el martes. No contaban con que dos de sus propios legisladores pegarían el faltazo por estar de viaje en el exterior.

Esa ventana, más el apoyo de la izquierda y de los partidos provinciales, abrió la ventana por la que el oficialismo convirtió una sesión para bajar impuestos, en una suba de la presión fiscal sobre los que más tienen.

En efecto, el dictamen que introdujo el Frente de Todos y más tarde fue aprobado en el recinto, mantiene la suba de los mínimos no imponibles aprobada en el Senado, pero introduce una suba de las alícuotas para los patrimonios más altos. La alícuota general se mantiene en el 1,25%, pero se eleva hasta el 1,5% para los matrimonios mayores a $100 millones, al 1,75% para los patrimonios mayores a $300 millones, y al 2,25% para quienes tienen su patrimonio en el exterior.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se convirtió en el artífice de la jugada legislativa que le otorgó al gobierno la chance de brindar en navidad con una sonrisa.

La suba se alinea con el espíritu progresivo del impuesto, que grava más a quienes tienen mayor capacidad contributiva. No obstante, vuelve a ser un golpe impositivo sobre el mismo universo de contribuyentes que fuera alcanzado este año por el “Aporte Solidario de las Grandes Fortunas”.

El diputado oficialista Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, minimizó el impacto de la modificación introducida. “Percibirán aumento de alícuota algo menos de 16.000 contribuyentes, es decir, el 1,5% del total de los sujetos que presentan declaración de Bienes Personales”, explicó. En contraste, se estima que la suba de los mínimos, que además se actualizará por inflación en base al IPC, beneficiará a unos 500.000 contribuyentes.

Más allá del impacto económico real, lo cierto es que el gobierno termina el año legislativo con más motivos para sonreír que la oposición. La derrota en relación al presupuesto le permitirá mayor discrecionalidad en el gasto, y la oposición se auto infringió una innecesaria derrota política, que le permitió al gobierno equilibrar con la suba de alícuotas el impacto fiscal de la corrección de los mínimos no imponibles, y presentarse políticamente coherente frente a su base electoral, gravando más a los que más tienen.

El gobierno logró convertir una jugada de la oposición que buscaba obligar a un ajuste en 2022, en una suba de impuestos para los que más tienen.

La frutilla del postre, fue el comunicado en el que el Fondo Monetario Internacional evalúa la gestión del gobierno encabezado por Mauricio Macri, en relación al préstamo de u$s 57.000 millones que el organismo otorgara al país en 2018. El informe elaborado por el board del FMI, reconoce el fracaso del plan implementado bajo la conducción de Christine Lagarde.

Indica además que el fracaso del programa aplicado desde 2018 ocasionó un incremento del riesgo para la Argentina, y un severo daño a la reputación del Fondo. Al mismo tiempo sugiere que los desembolsos fueron mal direccionados por la gestión Macri, lo que resultó en que los fondos se utilizaran para financiar la fuga de capitales, y que ello confluyó más tarde en la reinstauración de los controles de capitales y el cepo cambiario.

Cada uno de esos ítems, fortalece la postura que el gobierno ha mantenido desde el inicio y durante la negociación, en relación a la irresponsabilidad conjunta de quienes conducían en aquel entonces el organismo multilateral y la economía nacional.

No obstante, el informe publicado esta semana, es un ejercicio de rutina que el FMI está obligado a hacer con cada uno de los programas de crédito que implementa. Se trata de una formalidad, que de ninguna forma implica una ventaja para nuestro país en términos del acuerdo por venir. El Fondo admite sus errores en términos políticos, pero difícilmente ello implique mayores concesiones en la mesa de negociaciones con Argentina.

Le alcanza por ahora al gobierno. En el barro de la politiquería en que los referentes de la oposición y el oficialismo han decidido transcurrir los últimos días del año, el gesto del Fondo supone un punto a favor. Uno bastante pequeño en relación a la envergadura de los desequilibrios que debe solucionar el gobierno, antes de poder estar definitivamente satisfecho.

Es una publicación de Editorial Río Negro S.A. Todos los derechos reservados. Copyright 2020. Propietario Editorial Río Negro S.A. Fundado el 1° de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri. Presidenta del Directorio: Laura Gamba. Editor Responsable: Ítalo Pisani. Registro de la Propiedad Intelectual: 72234608. Edición Nro: 26.232 - Domicilio legal: 9 de Julio 733 - General Roca -